SANTIAGO.-Será este próximo viernes 19 de los corrientes, cuando la Oficina de Atención Permanente de los servicios judiciales de aquí conozcan la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra tres personas arrestadas en la operación Onco-14, donde supuestamente desviaron decenas de millones de pesos destinados para el tratamiento de pacientes oncológicos.
La magistrada Stephanie Reyes fijó la audiencia para las 4 y 30 de la tarde de este viernes 19 en el palacio de justicia Federico C. Alvarez, de esta localidad.
En la medida de coerción, el Ministerio Público está solicitando contra los señores Héctor Bienvenido Lora Cruceta, Luisa Guzmán y Dilcia Vargas, prisión preventiva de 18 meses y la declaratoria del caso complejo.
De acuerdo al Ministerio Público, la presunta red de corrupción habría desviado fondos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer por un monto estimado de 3 mil 700 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Al término de la audiencia de ayer donde se fijó la fecha para conocer la medida de coerción, Wilson Camacho, director general de Persecución de la corrupción del Ministerio Público dijo que el aplazamiento se debió a la gran cantidad de evidencias recopiladas por los investigadores.
Asimismo, porque los abogados de los imputados alegaron que no habían podido estudiar el voluminoso expediente acusatorio.
“La calificación jurídica es amplia, incluye estafa contra el Estado Dominicano, chantaje, lavado de activos y otros tipos penales”, subrayó Camacho.
Indicó que las pesquisas incluyen presuntos hechos de fraude clínico y farmacéutico, cambio de indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación, entrega incompleta de medicinas, ventas de fármacos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas y lavado de activos.
Desde el año 1964, fecha en que se fundó el Instituto Oncológico Regional del Cibao, es dirigido por una Junta de un Patronato que integran personas de la sociedad civil y las directivas deben ser renovadas cada cierto tiempo, lo cual no hacía el presidente de entonces, el ingeniero Héctor Lora.
Para instalar una nueva junta directiva, los médicos del centro tuvieron que acudir a las autoridades judiciales de esta ciudad.
