La Altagracia.– Un inspector de control migratorio de la Dirección General de Migración (DGM) fue arrestado durante una operación conjunta del Ministerio Público y los organismos de inteligencia de esa institución, tras ser sorprendido cuando presuntamente recibía un soborno de RD$100,000 para facilitar la salida de una mujer hacia el Reino de España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado, identificado como Carlos Javier Sánchez, fue detenido durante una entrega controlada del dinero autorizada por una jueza, luego de permanecer bajo vigilancia como parte de la investigación.
El caso es investigado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de la Dirección General de Migración, encabezada por el general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
De acuerdo con las autoridades, la entrega controlada fue ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, bajo la coordinación del fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación fue autorizada mediante el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
El Ministerio Público explicó que este tipo de operaciones forma parte de las acciones proactivas implementadas para combatir la corrupción administrativa y el crimen organizado, en coordinación con la Dirección General de Migración.
Las investigaciones también contaron con el respaldo de varios equipos de inteligencia de la DGM, que participaron en las labores de seguimiento al funcionario.
Carlos Javier Sánchez fue arrestado en las inmediaciones de un establecimiento comercial, justo en el momento en que presuntamente recibiría el dinero acordado como soborno.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas someterá al imputado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, donde solicitará la imposición de medidas de coerción.
