El Ministerio Público ejecutó 20 allanamientos en diversas zonas de la República Dominicana como parte de una investigación internacional sobre una presunta estructura criminal dedicada a la trata de personas, la explotación sexual y el lavado de activos.
La operación se coordina con autoridades de Bélgica, país donde reside parte de la organización compuesta por ciudadanos dominicanos.
Según el órgano persecutor, la red captaba mujeres en República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Europa con fines de explotación sexual.
La investigación se inició en junio de 2026 tras el arresto en territorio belga de Ana Mercedes Encarnación Mejía, Juana de Jesús Holguín y otros implicados.
En dicho operativo, las autoridades rescataron a cinco víctimas en una residencia vinculada a Encarnación Mejía.
Los datos obtenidos indican que la estructura utilizaba beneficios económicos derivados de sus actividades ilícitas para introducirlos en el sistema financiero dominicano.
De acuerdo con el Ministerio Público, los fondos eran transferidos desde Bélgica hacia el país para realizar inversiones inmobiliarias y otras operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos.
Las diligencias recientes fueron ejecutadas por la Dirección General de Persecución, con el apoyo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional.
Los allanamientos se realizaron en propiedades ubicadas en el Gran Santo Domingo —incluyendo los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, además del Distrito Nacional— y en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
En el despliegue participaron agentes de la Policía de Bélgica y de los Países Bajos acreditados para colaborar en la investigación.
Esta intervención se enmarca en la estrategia de cooperación jurídica internacional del Ministerio Público para desmantelar estructuras de crimen organizado transnacional.
