Un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil dominicana están actuando como intervinientes voluntarios en defensa del Código Penal aprobado en el año 2025, en contra frente a una acción directa de inconstitucionalidad sometida ante el Tribunal Constitucional por organizaciones promotoras del aborto.
Los intervinientes rechazan la acción directa que impugna específicamente los artículos relativos a la protección integral de la vida humana desde la concepción, contenidos en la Ley No. 75-2025 del Código Penal, y defienden la plena constitucionalidad de dichas disposiciones, relativas a la prohibición del aborto en todas sus manifestaciones.
Con esta acción, los intervinientes buscan salvaguardar el principio de supremacía constitucional, la dignidad humana, el derecho a la vida y la protección reforzada del no nacido, consagrados en la Constitución dominicana. Entre los intervinientes se encuentran: Pro-Nación, Arquidiócesis de Santo Domingo, JUCUM, RD Inclusiva, FOMUDEVI, Alianza Vitae, Carmen Orozco y Mercedes Núñez.
“Existe una total alineación entre el Código Penal aprobado y la Constitución Dominicana, que en su artículo 37 establece un régimen jurídico de protección integral a la vida humana desde la concepción”, puntualizan. Asimismo, señalaron que en el país no existe un derecho fundamental al aborto, ni tampoco tratado internacional ratificado alguno que obligue a la República Dominicana a legalizarlo.
Los intervinientes afirmaron que las organizaciones promotoras del aborto reciben importantes financiamientos internacionales para expandir la industria del aborto, utilizando mecanismos que consideran falaces, como contraponer la vida de la madre con la del bebé en gestación.
“En la República Dominicana, tanto la ley como los protocolos médicos otorgan plena libertad a los profesionales de la salud para utilizar sus conocimientos médicos con el fin de salvar vidas, sin que esto implique, de ninguna manera, poner en riesgo la vida de la madre para salvar la del bebé”, explicaron.
Asimismo, sostienen la constitucionalidad del nuevo Código Penal, indicando que el artículo 37 de la Constitución establece de manera categórica que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Enfatizaron que “no existe ambigüedad interpretativa posible”, al considerar que el uso deliberado de esta expresión otorga protección constitucional plena al ser humano concebido.
Los intervinientes explicaron que, constitucionalmente, el bebé en el vientre materno es titular de protección desde el momento de su concepción, por lo que el Estado tiene el deber positivo de preservar la vida prenatal. En ese sentido, entienden que ningún órgano jurisdiccional puede crear un supuesto “derecho al aborto”, como —afirman— pretende la acción sometida, la cual busca que el Tribunal Constitucional sustituya la voluntad soberana del constituyente por una interpretación ideológica evolutiva incompatible con la Constitución.
Esta oposición al recurso ha recibido el respaldo de diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil y del liderazgo cristiano nacional, entre ellas: CODUE (Consejo Dominicano de Unidad Evangélica), la Alianza Evangélica Dominicana (AED) antigua ¨Mesa del Diálogo¨, Grupo Acción Cristiana, Fundación Valdez, Escuela de Familias Incorporadas y el Foro Social de la República Dominicana.
Según revelaron los intervinientes, las organizaciones proaborto que sometieron el recurso han incorporado múltiples documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales promotores del aborto. Las organizaciones que sometieron el recurso se denominan: Católicas por el Derecho a Decidir, Asociación Alianza Cristiana Dominicana y la Sra. Rosa Herminia Hernández). Los documentos de apoyo han sido presentados por organizaciones como: Participación Ciudadana, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oriéntame para Decidir, Comite de Expertas del MESECVI – CEVI, Optio – Choice – Freedom – Justice, Movimiento Causa Justa, Coalicion por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Centro de Respuestas Legales de la Alianza Fós Feminista, Womens Link Worldwide, ILEX Acción Jurídica, Red jurídica del consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), Human Rights Watch, IPAS Latinoamérica y el Caribe (IPAS LAC), La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Red de abogadas feministas por el derecho a decidir, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, CONAMUCA – Confederación Nacional de Mujeres del Cambio, Red de Católicas por el derecho a decidir de America Latina y el caribe y Neill Institute, Georgetown Law.
