El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (Cebander) reveló hoy que un informe oficial del Banco Centroamericano de Integración Económica, correspondiente al Plan SIEMAS 4.0 (9 de octubre de 2025), identificó 29 brechas o incumplimientos estructurales en el parque energético Manzanillo Power Land (Energía 2000 S.A.).
Estas están, de acuerdo con la entidad, relacionadas con la gestión ambiental, social y de gobernanza, bajo una clasificación de riesgo ambiental y social categoría “A” (riesgo alto), pese a que la central fue inaugurada con la presencia del presidente Luis Abinader el pasado 27 de marzo.
Frank Valenzuela, presidente de la organización, destacó que, de acuerdo con el propio documento del banco, el proyecto fue calificado con un nivel de intensidad “intenso”, reconociendo la “potencial ocurrencia de impactos críticos significativos” asociados a la contaminación del aire y del agua, el manejo de residuos peligrosos, riesgos industriales, afectaciones a comunidades cercanas y presión sobre ecosistemas marino-costeros en la Bahía de Manzanillo.
Según Valenzuela, el informe establece que el proyecto no implementó un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) formalizado, manteniendo políticas fragmentadas sin mecanismos integrados de monitoreo, control y mejora continua, lo que impidió una gestión sistemática de los riesgos identificados.
Asimismo, el BCIE reconoce que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) utilizado data de 2013, pese a que el proyecto fue modificado sustancialmente en 2024 y 2025, incluyendo la incorporación de cinco pozos de agua, infraestructura portuaria, un gasoducto de 6.2 km y cambios en la capacidad operativa. Esto obligaba —según el propio informe— a realizar una Evaluación Integral de Riesgos e Impactos (ESRIA) basada en una línea base actualizada, la cual no ha sido ejecutada.
El documento también evidencia que el proyecto carece de una línea base socioambiental actualizada, a pesar de que el banco exige la inclusión de variables críticas como biodiversidad, calidad del agua, condiciones socioeconómicas, servicios ecosistémicos y acceso al agua. Además, se reconoce que no se han ejecutado varios monitoreos ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PGA).