El Ministerio Público de Santiago anunció que apelará la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de esta demarcación, la cual dejó en libertad a Rafael Pérez Vargas, procesado por el asalto a mano armada a una mujer de 70 años.
En la misma decisión, el tribunal condenó a 10 años de prisión a Bladimil Rosario Vallejo, ex agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), a pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de 15 años.
El hecho ocurrió el 28 de enero de 2025 en el parqueo de un establecimiento comercial del sector Jardines Metropolitanos.
De acuerdo con la investigación, Rosario Vallejo conducía una motocicleta marca Super Gato, modelo CG250, en la que interceptó a la víctima junto a Pérez Vargas.
Según el expediente, Pérez Vargas descendió del vehículo y, portando una pistola reglamentaria asignada al ex agente penitenciario, despojó a la mujer de su cartera, que contenía dinero y documentos personales.
Durante el suceso, se realizaron dos disparos antes de que ambos huyeran en la motocicleta.
La Fiscalía de Santiago cuestionó la decisión judicial al calificarla de infundada.
El órgano acusador sostuvo que el tribunal desestimó un testimonio clave sin realizar una valoración integral del conjunto de pruebas presentadas, que incluyeron evidencias materiales, documentales, periciales y testimoniales.
Entre las pruebas aportadas al tribunal se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, las cuales documentaron el asalto y la ruta de escape.
Asimismo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales certificó que Rosario Vallejo tenía asignada el arma utilizada, una pistola Caranday calibre 9 milímetros, coincidencia confirmada por peritajes balísticos que vincularon los casquillos hallados en la escena con dicha arma.
El Ministerio Público procesó a ambos implicados por violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el robo agravado.
Adicionalmente, se presentaron informes de psicología forense que indican que la víctima desarrolló cuadros de ansiedad y estrés postraumático a raíz del evento.
La representación del órgano persecutor en el juicio estuvo a cargo de la fiscal Aida Medrano Gonell, mientras que la investigación fue dirigida por la fiscal Vianela Guzmán.