Madrid.- Un juez ha enviado a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y le ha aplicado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado.
El magistrado Juan Carlos Peinado tomó esta decisión en un auto judicial difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares encabezadas por la organización ultraconservadora Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por considerar que existe riesgo de fuga de Gómez, algo a lo que la Fiscalía se había opuesto.
Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, así como a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos. También manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Estas decisiones de Peinado sobre Begoña Gómez constatan la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según indicaron a EFE fuentes del palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Aseguraron que la instrucción del caso por el juez Juan Carlos Peinado carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos. “Indicios racionales de criminalidad” y “tentación” de fuga
El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.
En el auto conocido hoy, Peinado adopta la petición de medidas cautelares de las acusaciones populares que encabeza la organización ultraconservadora Hazte Oír. Tanto la Fiscalía como los abogados de las defensas se oponían a ellas con el argumento reiterado de que no hay motivos para continuar con esta causa judicial, que siempre han rebatido.
Sin embargo, el juez asegura que se deduce de las diligencias practicadas la existencia de “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo». Y aduce que, “a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia».
También argumenta que los agentes de las fuerzas de seguridad que forman parte de la escolta de Gómez podrían colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar” una “fuga” de la acusada.
“Lo que no cabe duda -escribe en el auto- es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Las mismas fuentes de Moncloa creen que estas palabras acusando a la Policía y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son “otro ejemplo del despropósito” del magistrado.
Peinado fundamenta la decisión de abrir juicio oral a Gómez en que ésta se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio, según cree.
“No podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, dice el juez entre otras consideraciones.
