El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó este miércoles un recurso de amparo de cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia, específicamente en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de exigir el cumplimiento de los procesos constitucionales relacionados con la evaluación y eventual sustitución de altos funcionarios judiciales.
La acción legal está dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a los demás miembros de ese órgano.
Según explicaron representantes del gremio, en los próximos minutos estarían formalizando la “puesta en mora” como paso previo al amparo de cumplimiento, con el fin de “vencer la inercia institucional” que, a su juicio, ha caracterizado estos procesos en el país.
El Colegio de Abogados denunció lo que calificó como un “despropósito” y un “desprecio por la institucionalidad”, señalando que de manera reiterada no se cumplen los plazos establecidos en la Constitución para la evaluación, remoción o sustitución de funcionarios en las altas cortes y órganos constitucionales.
Indicaron que esta situación afecta directamente la carrera judicial, al limitar las oportunidades de ascenso de jueces que han dedicado años de servicio en el sistema. Además, advirtieron que esta práctica se extiende a otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Policía Nacional y la Cámara de Cuentas.
En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia, recordaron que varios de sus jueces cumplieron el pasado 4 de abril el período constitucional para el que fueron designados, por lo que consideran obligatorio que el Consejo Nacional de la Magistratura inicie los procesos de evaluación correspondientes.
El gremio sostuvo que la Constitución, en sus artículos 179, 180 y 181, establece de manera clara las facultades y responsabilidades del Consejo, incluyendo la evaluación del desempeño de los jueces, por lo que insistieron en la necesidad de dar cumplimiento a estas disposiciones.
Finalmente, reiteraron que esta acción busca sentar un precedente para fortalecer el respeto a la institucionalidad y garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial dominicano.