A todos nos gusta conducirse en un país de libertades públicas, estabilidad institucional y crecimiento crematístico. Disfrutar de la democracia —de poder emprender, producir, circular con permiso y planificar el futuro— es, sin duda, una de las mayores conquistas de nuestra sociedad. Pero conviene decirlo con claridad y sin demagogia: la democracia cuesta, y cuesta mucho.
Cuando observamos el planisferio de nuestro continente, la República Dominicana destaca como una de las democracias más estables. Esa estabilidad no es una idea teórica; se traduce en calidad de vida, en inversión, en empleo y en tranquilidad cotidiana. Basta ver cómo, en nuestro país, amplios sectores pueden desplazarse autónomamente, disfrutar de espacios de ocio y desarrollar sus actividades sin la permanente sensación de inseguridad que afecta a otras naciones de la región.
Uno de los ejemplos más evidentes es cuando comparamos nuestra existencia con nuestro vecino país de Haití. Compartimos una misma isla pero vivimos realidades radicalmente disímiles. Mientras en Haití, la clase más pudiente debe desplazarse con escoltas y vehículos blindados, aquí gozamos de una tranquilidad y seguridad apetecible.
Mantener una democracia cómodo y en crecimiento exige que todos cooperen. Y esa cooperación, en términos prácticos, se pasión impuestos. No hay forma honesta de sostener servicios públicos, políticas sociales, seguridad, infraestructura y estabilidad…