En el 2014, dos magistrados también criticaron que no se respetara la ley para hacer el cambio
La renovación masiva de la cédula de identidad y electoral dispuesta por la Junta Central Electoral, con un costo estimado de RD$ 6,000 millones, ha reabierto el debate sobre el alcance de sus competencias, la vigencia del documento y el uso de recursos públicos.
Las dudas vienen desde 2014 cuando la JCE dispuso expedir cédulas con fecha de vencimiento en el 2024, en una interpretación errónea de la ley que estatuía diez años de caducidad pero no la imposibilidad de renovación.
Continuaron con la Resolución No. 15/2022, aprobada por el Pleno del organismo, que dispuso que la cédula actual mantendría su validez hasta las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024 y, al mismo tiempo, dejó instituido el proyecto para cambiar el formato y el plástico del documento. seguir leyendo